Primera Página – Agencia de Noticias – Bogotá. – Las ministras de Martha Viviana Carvajalino (Agricultura) y Roma Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores), presentaron avances y enfoques de la política nacional contra las drogas ilícitas en Colombia, en la cual, la Reforma Agraria, es uno de los pilares “fundamentales”. El anuncio se realizó en el foro “Apuestas, progresos y perspectivas frente a las drogas en Colombia: paz, desarrollo, seguridad y cooperación internacional”, donde intervinieron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Villavicencio recordó que durante décadas se aplicaron estrategias centradas en la erradicación forzosa y la asfixia financiera de las organizaciones criminales. Aunque esas medidas implicaron grandes inversiones, no lograron atacar las causas estructurales que empujan a comunidades campesinas hacia la siembra de coca. Según la canciller, la nueva política busca equilibrar las acciones de interdicción con un enfoque que reconozca la necesidad de transformar los territorios, cerrar brechas sociales y garantizar presencia efectiva del Estado. Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores. La estrategia se apoya en un enfoque integral y multisectorial que articula objetivos de paz total, inclusión social, sostenibilidad ambiental, soberanía alimentaria y respeto a los derechos humanos. Se mantiene el uso de herramientas militares, de seguridad y financieras, pero con la convicción de que la verdadera solución pasa por brindar alternativas productivas y acceso a oportunidades para las familias rurales. La ministra Marta Carvajalino enfatizó que la reforma agraria es un eje central. Explicó que la concentración y el despojo de tierras han generado desigualdad y exclusión en el campo, condiciones que han facilitado el avance de las economías ilícitas. Por ello, la entrega de tierras, el acompañamiento productivo y la incorporación de economías lícitas constituyen la base para reducir la dependencia de los cultivos de coca. Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Carvajalino detalló experiencias como el Catatumbo, donde se impulsan esquemas excepcionales que permiten sustituir progresivamente la coca por sistemas agroforestales, con respaldo técnico del Estado. En el Cañón del Micay, Cauca, se promueven cadenas productivas de cacao, café y restauración forestal, que ya muestran resultados positivos: familias han reemplazado la coca por cultivos lícitos y han encontrado ingresos sostenibles en mercados legales. Otro ejemplo es el proyecto Chocó Biogeográfico, que combina pagos por sustitución, incentivos por servicios ambientales y establecimiento de sistemas agroforestales. Esta iniciativa cuenta con una inversión superior a los 200 mil millones de pesos y busca atender de manera integral a comunidades campesinas y étnicas que habitan zonas de alta riqueza ambiental. En materia de resultados, la canciller Villavicencio señaló que el país ha alcanzado cifras récord en incautaciones. En lo corrido de este gobierno se han decomisado 884 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 144 por ciento frente a 2016 y del 34 por ciento respecto a 2022. En hoja de coca, se registran 493 toneladas interceptadas, un aumento del 106 por ciento comparado con 2018. Para la funcionaria, estos números confirman que Colombia ha “superado los indicadores” en su lucha contra el narcotráfico. El Gobierno también destacó la necesidad de una mirada corresponsable por parte de la comunidad internacional. Colombia promueve que los productos derivados de la sustitución de cultivos y de la agricultura sostenible tengan acceso a mercados externos. Japón, entre otros países, ya ha mostrado interés en abrir espacios comerciales para estas iniciativas. La estrategia también se acompaña de un trabajo activo en organismos multilaterales. Colombia ha llevado sus propuestas a la Comisión de Estupefacientes en Viena, al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Además, desde la presidencia pro tempore de la Celac, lidera un plan regional de seguridad y soberanía alimentaria que reconoce la importancia de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Como parte de la agenda internacional, se anunció la segunda conferencia internacional de reforma agraria, prevista para octubre en Roma en el marco del comité de seguridad alimentaria de Naciones Unidas. Asimismo, en febrero de 2026, Cartagena será sede de un encuentro con más de 100 países para discutir sistemas agroalimentarios para la paz. Finalmente, sobre la decisión de certificación de Estados Unidos, Villavicencio aseguró que Colombia ha cumplido y superado sus compromisos. Recordó que la certificación es una determinación política de ese país, pero insistió en que lo justo sería reconocer los avances alcanzados. Una eventual descertificación, advirtió, no solo afectaría al país,