Primera Página - Agencia de Noticias - Jericó, Antioquia.- El proyecto Quebradona, de AngloGold Ashanti, ubicado en Jericó, Antioquia, avanza en estudios técnicos, ambientales y sociales para la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), mientras proyecta una inversión aproximada de $8,3 billones para una eventual etapa de construcción durante cuatro años. El pasado 19 de agosto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto hasta el ocho de diciembre de 2027. Durante este periodo, la compañía deberá completar estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico, entre otros análisis especializados. La decisión de la ANM se tomó después de revisar la información técnica y jurídica del proyecto. La entidad estableció que aún deben adelantarse actividades de exploración para conocer con mayor precisión las características del territorio y completar la información requerida para su desarrollo. Además, durante esta etapa la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis. La ANM continuará haciendo seguimiento al proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas durante la prórroga. Quebradona corresponde a un proyecto en exploración de minería subterránea de cobre, localizado a 12 kilómetros del casco urbano de Jericó y a 104 kilómetros de Medellín. La empresa señaló que el nuevo EIA será presentado ante las autoridades para el proceso de licenciamiento. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el proyecto contempla una operación de 19 años y una producción aproximada de cinco millones de toneladas de concentrado polimetálico, compuesto en un 80% por cobre, además de oro y plata. Durante ese periodo, Quebradona proyecta regalías totales por aproximadamente $3,4 billones. De ese monto, estima cerca de $142.000 millones para Antioquia y $712.000 millones para Jericó. También calcula alrededor de $17 billones por impuesto de renta, $29.000 millones por impuesto predial y $106.000 millones de inversión ambiental obligatoria durante la operación. Las estimaciones incluyen $6,4 billones en compras directas y $5,1 billones en encadenamientos productivos derivados de esas compras. La compañía también proyecta una inversión social voluntaria cercana a $326.000 millones. En materia laboral, para la fase de construcción se proyectan alrededor de 2.000 empleos en su punto máximo entre personal directo y contratistas. Para la operación se estiman 1.000 puestos entre personal directo y contratistas, mientras que la demanda de bienes y servicios generaría alrededor de 68.000 empleos adicionales entre el inicio de la construcción y el cierre de la mina. En el componente hídrico, la empresa indica que el proyecto no utilizará fuentes de agua que actualmente abastezcan a las comunidades. El diseño contempla reutilizar agua y aguas lluvias que entren en contacto con las instalaciones de la mina y estima que el volumen a captar como fuente alterna sería inferior al 0,02% del caudal del río Cauca. El proceso previsto para obtener el concentrado utilizará un sistema físico de lavado con agua, separación con burbujas, aire e insumos de origen natural, sin mercurio ni cianuro. Para la roca sobrante, el proyecto contempla un acopio permanente, encapsulado en geomembranas y revegetalizado de manera paralela durante los 19 años de operación.