Por María Lucía Hernández Dueñas (*)

Primera Página - Agencia de Noticias -

Roma (Italia).- El pasado CUATRO de septiembre el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, anunció que la agencia tenía un desequilibrio estructural entre el número de funcionarios internacionales y el número de puestos realmente disponibles, pues de los 3.000 funcionarios internacionales que estaban trabajando, en realidad había presupuesto para mantener 1.800.

Según Salih, este desequilibrio fue consecuencia de la fuerte contracción financiera que atravesó la organización en 2025. Sus efectos continúan proyectándose y para 2027 se espera que reduzca a la mitad el número de puestos presupuestados: de 16.126 en 2025 a 8.540 para 2027.

Al igual que Acnur, otras agencias de Naciones Unidas han reducido considerablemente su fuerza laboral. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé una reducción de hasta el 30% de su personal, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció una disminución de alrededor del 20% de los puestos en su sede, después de informar en marzo de 2025 de una caída del 30% en el apoyo de sus donantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, está reduciendo su fuerza laboral en aproximadamente un 22% entre enero de 2025 y mediados de 2026. A estos recortes se suman Onusida, que prevé reducir en un 55% el personal de su Secretaría, y Unicef, que contempla una reducción neta del 15% de sus puestos de duración determinada.

¿A qué se debe esta crisis financiera?

Son varios los motivos a los cuales se le atribuye esta compleja situación. En primer lugar, algunos gobiernos están recortando sus donaciones voluntarias. La ayuda oficial al desarrollo (conocida como ODA) se redujo 1en un 23,3% en 2025, y Alemania, Francia, Japón, el Reino Unido y Estados explicaron el 93% de esa caída.

Estados Unidos por sí solo explicó el 70% de la reducción total. Este drástico recorte se debe principalmente a las decisiones tomadas en los últimos dos años por parte de la administración Trump. Desde enero de 2025 el presidente firmó la orden ejecutiva “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”, la cual congeló inicialmente por 90 días el desembolso de asistencia al desarrollo, mientras evaluaba si los programas, incluyendo los de la ONU, eran compatibles con la política exterior de su administración.

En enero de 2026 el presidente de Estados Unidos emitió el Presidential Memorandum: “Withdrawing the United States from International Organizations, Conventions, and Treaties that Are Contrary to the Interests of the United States”. En él, se ordenó la retirada y cesación en la participación o financiación de 66 organizaciones internacionales, de las cuales 35 no pertenecían a la ONU y 31, sí. Dentro de las agencias de la ONU retiradas aparecen, por ejemplo, UN Women, Unfpa, UN-Habitat, Unctad, el Peacebuilding Fund, Unitar, UN University y varias comisiones económicas regionales, incluida Cepal.

Estas decisiones no son insignificantes. Estados Unidos ha sido históricamente el principal financiador de Naciones Unidas. Tanto su política de reducción, como la de los otros países donantes han inquietado organizaciones como la Ocde, que publicó el pasado 19 de junio su reporte sobre las proyecciones para 2026 de la ODA. En él indicó que esta ha sido la mayor caída anual registrada y previendo que dicha caída continuará por lo menos hasta el 2028.

¿El motivo? Una posible reorientación de prioridades por parte de los mayores países donantes como: una consolidación fiscal, mayor gasto en defensa y seguridad, tensiones geopolíticas y mayor prioridad al gasto doméstico.

A estos recortes, se suma una segunda causa y es la crisis de presupuesto ordinario de la ONU. Naciones Unidas venía utilizando una arquitectura financiera que estaba deteriorando aún más la situación, en especial el mecanismo de acreditación de saldos presupuestarios no utilizados. Cuando algunos Estados miembros se retrasaban o incumplían el pago de sus contribuciones, la ONU recibía menos efectivo del presupuestado y, para evitar quedarse sin recursos, se veía obligada a reducir o aplazar gastos.

Paradójicamente, los recursos que dejaban de ejecutarse como consecuencia de esa falta de liquidez podían posteriormente generar créditos a favor de los propios Estados miembros, incluso cuando parte del dinero presupuestado nunca había sido recibido. Se generaba entonces un círculo vicioso, pues los atrasos reducían el efectivo disponible, la falta de liquidez obligaba a restringir el gasto y la menor ejecución podía, a su vez, disminuir los recursos disponibles posteriores. Además, tal y com1o lo dijo Catherine Pollard, subsecretaria general de Gestión de la ONU, este sistema podía terminar “recompensando” el pago tardío o el impago de las contribuciones.

Conscientes de la magnitud del problema, así como de la crisis general que está atravesando Naciones Unidas, el pasado 1 de julio entró en vigencia el nuevo mecanismo de acreditación de los saldos presupuestarios no utilizados, y la Asamblea General adoptó una nueva regla provisional por los próximos cuatro años. En ella, se estableció que los fondos no utilizados solo serían acreditados cuando estuviesen respaldados por efectivo recibido.

Dicha reforma corrige esta distorsión, pero no resuelve la tercera causa de la crisis financiera de la ONU y es el retraso o incumplimiento en el pago de las contribuciones de los Estados miembros. A cada Estado miembro se le asigna una cuota obligatoria, calculada según su capacidad de pago. Sin embargo, en la práctica algunos Estados pagan tarde debido a procedimientos presupuestarios internos, dificultades financieras, acumulación de atrasos durante períodos prolongados. Según el documento oficial de Naciones Unidas sobre las contribuciones de los Estados miembros, de 193 Estados, 140 habían pagado completamente su cuota 2026.

De esos 54 Estados que no han pagado a tiempo, lo importante es comprender si incluye a los mayores financiadores, pues su contribución genera un impacto directo para el sistema. Este es el caso, por ejemplo, de China, quien pagó íntegramente su cuota ordinaria de 2026 (USD 641 millones) el primero de septiembre, aunque la fecha límite de pago era en febrero.

De igual modo, volvemos al caso de Estados Unidos, quien, según Reuters, anunció el 16 de septiembre de 2026 haber contribuido al pago de su deuda por un monto de USD 725 millones al presupuesto ordinario, más USD 102 millones para las operaciones de mantenimiento de la paz (también conocidos como UN Peacekeeping). La deuda, sin embargo, no ha sido todavía saldada, pues dicho Estado adeuda aún USD1.312 millones del presupuesto ordinario de Naciones Unidas.

Este pago aparentemente sorpresivo, especialmente tras las últimas decisiones tomadas por la administración actual, tuvo además una consecuencia importante respecto al Artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas. Según este, un Estado miembro pierde su derecho de voto en la Asamblea General cuando sus atrasos superan el equivalente a dos años de contribuciones anuales. Por ello, según Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, con dichos pagos “Estados Unidos ya no corre el riesgo de quedar sujeto al artículo 19 en 2027”.

La preocupación de esta crisis financiera no se reduce a la reducción de su fuerza laboral, la contracción de financiación está produciendo simultáneamente un cierre de programas y menor capacidad operativa sobre el terreno en zonas de extrema necesidad como lo son Sudán, Gaza, Yemen o Afganistán. Asimismo, implica menor capacidad de acción para afrontar el brote de Ébola en la República Democrática del Congo, o la capacidad de reacción oportuna frente a desastres naturales.

Lo cierto es que esta crisis de financiación deja una pregunta más importante aún y es ¿si la ONU se enfrenta no solo a una crisis financiera, sino a una crisis de legitimidad? ¿Por qué los Estados miembros que han sido históricos donantes están priorizando sus intereses nacionales o el uso de los recursos en defensa y seguridad? ¿Estamos ante una transformación de la relación entre los Estados y el multilateralismo?

(*) Experta en Derecho Migratorio. Es abogada de la Universidad de Los Andes, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (Luiss), de Roma, Italia.