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Bogotá. – Noticias Caracol reveló, esta noche en su emisión central la declaración de Olmedo López ante Corte Suprema de Justicia en donde habló de reuniones en Presidencia de la República y órdenes de altos funcionarios para comprar congresistas con el fin de que apoyaran reformas.

 

Olmedo López dijo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le ordenó direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de que apoyaran los proyectos del Gobierno Petro.

 

Olmedo López revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda Ricardo Bonilla y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del Gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones de Colombia.

 

En esa diligencia, a la que tuvo acceso completo Noticias Caracol, Olmedo López contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas, a cambio de sus votos a favor de los proyectos del Gobierno.

 

En el cara a cara, Olmedo López revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del Gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones de Colombia.

 

Olmedo López, el exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres por más de $90.000 millones.

 

 “Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, dijo López el 25 de junio de 2024.

 

López fue director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

 

“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, indicó.

 

Según López, los votos en el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción.

 

“Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. En las mayorías que faltaban”, contó.

 

López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del Gobierno incluso presionaron a los propios congresistas del Pacto Histórico.

 

“Y voy más allá: el reporte de uno de los negociadores con esos congresistas, de cuáles congresistas del Pacto Histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que no llegaron a votar. Estos son los del Pacto. Y la orden expresa, ocho días antes, les vamos a mandar una relación para que no los atiendan más. Pero también sí para que, en otra reunión, los contratos dirigidos para lograr esas mayorías, votos de congresistas, no de ciudadanos”, manifestó.

 

Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023.

 

“Yo asimilo el cónclave con el humo blanco, el de la Iglesia católica, donde se reúnen y toman una decisión. Se reúnen varios, el cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos un ministro, reunidos en un acuerdo prestablecido de ellos en donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso, de congresistas, se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, cambios en ellas, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones”, señaló López, a quien luego le preguntan si asisten ministros y responde que “dirigen ministros” y, cuando le consultan si el presidente asiste, asegura que “no”.

 

Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del Gobierno. La lista está siendo verificada por la Fiscalía y la Corte Suprema, a través de los registros de ingresos al Palacio y la ubicación de las celdas de los celulares.

 

“Allá en el Legislativo está la fecha inclusive en que asistimos a esas reuniones porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave, no fue uno, no fue un ministro dando órdenes, fueron varios ministros dando órdenes”, sostuvo.

 

Entre los asistentes estarían el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy director de Inteligencia, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

 

Este último es el eje de la colaboración de Olmedo López. Para la fecha en que se llevó a cabo el llamado cónclave, el ministro de Hacienda había dado el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la Unidad de Gestión del Riesgo por 208.000 millones de pesos.

 

 “Nace de un entramado porque, antes de esa reunión con el ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto”, afirmó.

 

La adición presupuestal fue aprobada el 10 de julio de 2023, tres meses antes de las elecciones regionales. Aunque el proyecto de ley inicial fue de autoría de su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, el texto presentado al Congreso no incluía ninguna adición para esta entidad.

 

La adición de los 208.000 millones fue incluida y aprobada en el segundo debate en junio del 2023, para cuando Bonilla había asumido las riendas del ministerio de Hacienda.

 

La propuesta fue presentada por el senador liberal de Antioquia Juan Diego Echavarría y respaldada por 20 congresistas, entre los cuales hay varios nombres que hoy están en la lupa de la Corte por presunta corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre ellos están Liliana Esther Bitar, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo.