Por María Lucía Hernández Dueñas (*) Primera Página - Agencia de Noticias - Roma (Italia). - Dos días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia, Diego Mesa Puyo, exministro de Minas y Energía entre 2020 y 2022, fue nombrado director ejecutivo (CEO) y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Mesa Puyo, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI), asumirá el cargo a comienzos de octubre por un período inicial de cuatro años. El ex ministro de Minas y Energía llegará a una de las principales instituciones de financiación ambiental del mundo en un momento en que la diplomacia ambiental enfrenta un doble desafío: una crisis de cooperación internacional y una brecha entre los recursos movilizados por organismos como el GEF y los resultados tangibles para las comunidades beneficiarias de los proyectos. El GEF es un mecanismo financiero multilateral dedicado a financiar soluciones a los principales problemas ambientales globales. Fue creado en 1991 y actualmente funciona como una asociación internacional integrada por 186 países, junto con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y el sector privado. Sus recursos se concentran principalmente en cinco grandes áreas: biodiversidad, cambio climático, productos químicos y residuos, aguas internacionales y degradación de la tierra. ¿Cómo funciona? El GEF no ejecuta directamente los proyectos sobre el terreno. Los países identifican sus prioridades ambientales y trabajan con alguna de las 18 agencias implementadoras para desarrollar los proyectos. En términos simples, un país identifica una prioridad ambiental y, junto con una agencia del GEF, desarrolla una propuesta. Una vez aprobada la financiación, los recursos son canalizados a través de estas agencias, que trabajan con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones de investigación y otros socios para ejecutar los proyectos. Durante sus más de tres décadas de existencia, la familia de fondos del GEF ha proporcionado más de US$27.000 millones en financiación, principalmente mediante subvenciones, y ha contribuido a movilizar otros US$155.000 millones para proyectos ambientales definidos a partir de las prioridades de los países. ¿De dónde proviene el dinero? Principalmente de las contribuciones de los países donantes. Cada cuatro años se desarrolla un proceso de reposición de recursos, conocido como GEF Replenishment , en el que los países negocian el volumen de recursos del siguiente ciclo y sus prioridades de programación. Desde su creación, 40 países han contribuido al fondo fiduciario del GEF, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Suecia, Noruega, Suiza y Australia, así como economías emergentes como Brasil, China, India, México, Indonesia y Sudáfrica. Para el ciclo más reciente de financiación, GEF-9, que comenzó en julio de 2026 y se extenderá hasta junio de 2030, los países donantes comprometieron inicialmente US$3.900 millones. Diego Mesa Puyo llega, por tanto, en un momento crucial para la agenda ambiental mundial. Su mandato coincide con los últimos cuatro años de la Agenda 2030 y con la recta final para alcanzar numerosos objetivos internacionales en materia de clima, biodiversidad y desarrollo sostenible. Serán cuatro años en los que no solo deberá contribuir al avance de las metas propuestas, sino que se enfrentará a dos caballos de batalla: un contexto geopolítico fragmentado en el que resulta cada vez más difícil garantizar la cooperación internacional alineada con los objetivos ambientales, y una brecha entre los recursos movilizados y su impacto real para las comunidades locales. Diego Mesa Puyo. Al llegar a su cargo en octubre, deberá buscar alternativas para responder a la fragmentación de la cooperación internacional ambiental. En las últimas cinco décadas se han adoptado más de 500 acuerdos ambientales multilaterales, que abordan desde el cambio climático y la biodiversidad hasta la contaminación, los residuos y la protección de especies. Sin embargo, la proliferación de esta arquitectura institucional dificulta la coordinación coherente y eficaz. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Daes) ya reconoció dicha situación. Indicó en abril de este año que había disminuido la participación de los Estados a la hora de promover el financiamiento para el desarrollo en asuntos ambientales. El Daes señaló como posibles causas de este deterioro el aumento de las barreras comerciales, las tensiones geopolíticas, los choques climáticos y la presión sobre el sistema multilateral. Estamos frente a una paradoja: mientras los desafíos ambientales no dan espera y adquieren una urgencia cada vez mayor, la construcción de consensos amplios entre los Estados se vuelve cada vez má