Por María Lucía Hernández Dueñas (*)
Primera Página - Agencia de Noticias -
Roma (Italia). - El Banco Central de Venezuela reportó un crecimiento interanual del PIB de 7,14% en el segundo trimestre de 2026 la actividad petrolera creció un 9,1% y la no petrolera un 5,7%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento real del 4% para 2026.
A pesar de mantener una inflación alrededor del 386-387%, el país petrolero está volviendo lentamente al radar de los empresarios colombianos, una tendencia que comenzó a hacerse visible desde el año pasado y que ha cobrado mayor fuerza durante 2026. Desde la reapertura fronteriza de 2022, se ha producido un incremento en el número de empresas colombianas exportadoras hacia el país vecino. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia afirmó en mayo de este año que cerca de 1.200 empresas nacionales estaban exportando al mercado venezolano.
Otra señal importante ha sido la realización de una serie de eventos encaminados a explorar nuevas oportunidades de inversión colombiana. Uno de ellos fue organizado por Campetrol, que llevó a Caracas una misión de cerca de 100 participantes y 50 empresas colombianas de los sectores de petróleo, gas y energía, con el objetivo de identificar oportunidades y conectar proveedores colombianos con compañías venezolanas. Asimismo, en junio, la Cámara Colombo Venezolana y ProColombia llevaron aproximadamente 30 empresarios de 11 sectores a Caracas en la primera Misión de Integración Productiva e Inversión. Ya no se planteaba únicamente vender desde Colombia, sino que se habló abiertamente, después de varios años, de inversión, alianzas estratégicas y expansión empresarial.
A lo largo de este año, varios medios de comunicación han venido documentando la cada vez menos silenciosa llegada de los empresarios colombianos a Venezuela. En efecto, grandes grupos como Nutresa y GeoPark han avanzado en operaciones que implican inversión de capital, mientras otros, como Argos, han manifestado su interés en ampliar progresivamente su presencia en el mercado venezolano.
Esta “llegada silenciosa” coincide con el papel activo que Estados Unidos ha desempeñado desde enero de 2026. De acuerdo con el Investment Policy Hub de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Washington ha flexibilizado restricciones aplicables a determinadas inversiones en Venezuela, particularmente en sectores como petróleo, gas, electricidad y minería. Esta apertura, sin embargo, ha estado acompañada de salvaguardias jurídicas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, encargada de administrar el régimen estadounidense de sanciones, ha condicionado determinadas operaciones autorizadas con el Gobierno venezolano y algunas entidades estatales a que los contratos contemplen mecanismos de resolución de controversias fuera de Venezuela, específicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.
Pero ¿es suficiente la presencia de Washington para garantizar la tranquilidad de los inversionistas colombianos?
Aunque la presencia de Estados Unidos puede ayudar a reducir esa afianzada percepción de riesgo asociada a la inestabilidad económica, la cautela aún existe. El 23 de septiembre, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó en la Investors Conference 2026 de Credicorp que, a pesar de ver con buenos ojos una posible recuperación de las exportaciones no tradicionales colombianas hacia Venezuela, persistían las dificultades para realizar pagos y mover recursos a través del sistema financiero. De igual forma, afirmó que actualmente tan solo cuatro bancos venezolanos contaban con licencias de Ofac. Por ello, la ampliación de canales de pago permitiría aumentar el comercio, así como mejorar la trazabilidad y legalidad de las transacciones.
A este nuevo escenario se suma la entrada en vigor, el pasado 30 de marzo, del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y Venezuela, mediante el cual se espera ofrecer mayores garantías a los inversionistas de ambos países. Esto incluye protecciones frente a determinadas expropiaciones y mecanismos de solución de controversias.
A pesar de estos importantes avances hacia la construcción de un andamiaje jurídico más sólido, persisten dudas frente a la capacidad de las instituciones venezolanas para generar relaciones comerciales de confianza con inversionistas extranjeros. Reuters habló con 12 fuentes (seis inversionistas y seis miembros de firmas asesoras) sobre las barreras que existen todavía en Venezuela para su artículo titulado, “Venezuela's Trump-backed reforms have yet to draw investors wary of legal system, infrastructure”. Entre los factores identificados se encontraban las dudas sobre la resolución de controversias, la independencia judicial, las expropiaciones del pasado, el arbitraje y los controles cambiarios.
Un abogado de una firma asesora consultado por Reuters, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, sostuvo que “la seguridad jurídica, en este momento, no existe”. Uno de los factores que alimenta esta desconfianza es el historial de expropiaciones de las últimas décadas. Así lo señaló Esteban Elias, responsable de América Latina de la firma de abogados Leech Tishman, al advertir que existía la preocupación de que, si las expropiaciones ocurrieron antes, pudieran volver a ocurrir.
Además, Reuters trajo a colación en su artículo el caso de Gold Reserve, que intentó reactivar un importante proyecto minero venezolano y terminó obteniendo un laudo arbitral de aproximadamente US$1.000 millones por activos expropiados, cuyo cobro total seguía pendiente. Este es apenas uno de los al menos 67 casos de controversias inversionista-Estado registrados por Unctad en los que Venezuela aparece como Estado demandado. Se trata de un riesgo acumulado que sigue generando escepticismo entre potenciales inversionistas.
Sumada a la incertidumbre jurídica, existen otros obstáculos que se trasladan a la capacidad material del país para recibir nuevas inversiones. Sky Drop Capital evaluó las condiciones del puerto de Guanta y encontró que los mayores retos no estaban necesariamente relacionados con la falta de seguridad jurídica, sino con los aspectos logísticos necesarios para poder hacer negocios en Venezuela. Habló acerca de la falta de refrigeración, la inestabilidad del suministro eléctrico, la escasez de agua y la ausencia de servicios fiables de transporte pesado.
Un nuevo andamiaje jurídico está construyéndose poco a poco. El acuerdo bilateral entre Colombia y Venezuela refleja no solo un interés mutuo, sino el potencial de reconstrucción de las relaciones comerciales bilaterales entre los países vecinos. La presencia de Estados Unidos, más que un sello de garantía, puede funcionar como un puente para amortiguar algunos de los riesgos. Son riesgos que se alimentan tras décadas de inestabilidad política y económica que han creado una memoria empresarial e institucional difícil de borrar y que sigue siendo un obstáculo importante para pisar fuerte en Venezuela. El reto será avanzar progresivamente en la construcción jurídica, económica y de infraestructura que permita no solo superar dicho escepticismo, sino renovar el interés a largo plazo de los inversionistas colombianos.
(*) Experta en Derecho Migratorio. Es abogada de la Universidad de Los Andes, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (Luiss), de Roma, Italia.
