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Cartagena de Indias.- El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño Alcocer, presentó un balance del desempeño del sector minero en los últimos años, periodo en el que el producto de este rubro se redujo a $10,3 billones de pesos como consecuencia de decisiones normativas y tributarias.
El dirigente gremial señaló que el peso de la inversión extranjera directa minera en el país cayó de un promedio histórico de entre 17% y 20% a un 1,5%, mientras que otros países de América Latina aprovecharon la demanda internacional de minerales para incrementar su producción e inversión productiva.
Durante su intervención, el vocero sectorial detalló que la participación del sector minero en la inversión de países vecinos alcanza niveles del 53% en Argentina, 50% en Chile, 30% en Perú y 11% en Brasil. Nariño indicó que en Colombia el entorno regulatorio y las cargas impositivas derivadas de decretos y resoluciones restaron competitividad al sector, desacelerando los flujos de capital hacia la exploración y producción legal de minerales.
No obstante el panorama reciente, la ACM identificó un escenario de recuperación impulsado por la fortaleza institucional de Colombia, el potencial geológico del país y el crecimiento de la demanda internacional de materias primas. De acuerdo con el gremio, el área con título minero en Colombia abarca solo una fracción del territorio y la zona en explotación efectiva representa una porción aún menor, lo que deja un espacio significativo para nuevos proyectos de exploración en minerales como carbón, níquel, oro y cobre.
La dirigencia gremial destacó que las condiciones actuales del mercado global de commodities benefician la toma de decisiones en materia de inversión y exportaciones. A este factor se suma, según el gremio, una mayor madurez en la conversación pública sobre la minería, donde comunidades, trabajadores y representantes territoriales defienden la actividad legal formal.
La asociación enfatizó que la articulación con la nueva administración gubernamental y las garantías a la inversión privada resultan determinantes para revertir la tendencia negativa del sector y recuperar su contribución a las finanzas públicas y al producto interno bruto nacional.
