Primera Página – Agencia de Noticias –

Caracas. - El gobierno venezolano dijo el sábado que revocó a Brasil una autorización para representar los intereses argentinos en el país, incluida la gestión de la embajada y la residencia diplomática donde se refugian seis opositores, a quienes acusó de planear actividades terroristas, entre ellas una supuesta trama para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La decisión se produce después de que Venezuela rompió relaciones con Argentina tras su elección presidencial del 28 de julio. Brasil, al igual que Colombia y México, han pedido al gobierno venezolano la publicación de los resultados completos de la votación.

Hasta ahora, las autoridades electorales no lo han hecho, mientras que la autoridad electoral del país proclamó que Maduro ganó la reelección para un tercer mandato.
"Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente", afirmó el Gobierno en un comunicado.

El gobierno venezolano ha acusado a Magalli Meda, la mano derecha de líder opositora venezolana María Corina Machado, y al resto de los colaboradores asilados, de supuestamente aprovecharse de esa figura diplomática para tramar contra la gestión de Maduro.

Por su parte Argentina expresó su “rechazo” a la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “revocar unilateralmente” la autorización a Brasil de representar los intereses del país argentino y custodiar sus instalaciones diplomáticas en Caracas, según informaron este sábado fuentes oficiales.

“La República Argentina rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, indicó la Cancillería argentina en un comunicado.

La cancillería de Argentina pidió el viernes a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto nivel por los actos ocurridos tras las elecciones, en los que una serie de protestas han dejado varios muertos y detenciones masivas.