Primera Página - Agencia de Noticias - Bogotá, Colombia – La Concesión Vial Accenorte S.A.S., encargada del proyecto Accesos Norte de Bogotá (parte de los programas 4G y 5G de la ANI), enfrenta controversias relacionadas con presuntas irregularidades y problemas ambientales en su Unidad Funcional 3 (UF3), conocida como "Troncal de Los Andes". Aunque no se han encontrado condenas o investigaciones judiciales cerradas por corrupción, activistas y veedores ciudadanos han denunciado irregularidades en la adjudicación, expropiaciones y el manejo ambiental del proyecto. Existen señalamientos de que Mincivil S.A., el socio mayoritario de Accenorte con una participación del 57,3%, tiene nexos con los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, quienes han sido condenados por financiar grupos paramilitares. Las denuncias públicas los vinculan a un supuesto "cartel carretero paramilitar" y acusan al concesionario de beneficiarse de influencias políticas para obtener adjudicaciones. El texto señala que se han mencionado a exfuncionarios como Rodrigo Negrete (exdirector de la Anla) y María Constanza García (exministra de Transporte) por supuestamente proteger los intereses del concesionario. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha reconocido que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha sido "cooptada" por la corrupción en las concesiones viales. Además, se ha denunciado la cesión gratuita de 114.000 m² de terrenos públicos del municipio de Chía a la ANI para la UF3. Activistas argumentan que estos terrenos no pueden ser transferidos y que la Alcaldía de Chía y la ANI violaron la ley para beneficiar a Accenorte. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a avaluadores por subvalorar predios en las expropiaciones para el proyecto, lo que podría anular adquisiciones. Los problemas ambientales en la UF3 han sido documentados. El trazado del proyecto ha sido criticado por su impacto en el Complejo de Humedales de Los Andes/Samaria, que es parte de la Estructura Ecológica Principal reconocida por la CAR Cundinamarca. Se ha denunciado la depredación de humedales existentes, con riesgos de erosión y alteración de cuerpos de agua conectados al río Bogotá. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha devuelto o rechazado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en varias ocasiones debido a "errores, falsedades y falta de Diagnóstico Ambiental de Alternativas". En 2025, la ANLA emitió 30 observaciones y 90 requerimientos por lo que calificaron como "mediocridad técnica y ocultamiento". Activistas también señalan la omisión del impacto en la biodiversidad local, incluyendo aves migratorias y búhos sabaneros. El proyecto se encuentra actualmente suspendido en algunas de sus fases debido a estos hallazgos. Accenorte ha afirmado que cumple con los planes de manejo ambiental, mientras que las denuncias persisten.