Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá. – El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, defendió el proyecto de presupuesto del Gobierno para el año 2025 e hizo un llamado a las comisiones económicas del Congreso de la República de respaldar el monto del presupuesto presentado, ya que este permite contar con el mínimo de inversión pública que se requiere para materializar las transformaciones sociales y productivas que necesita el país.
López Maya destacó que los gastos previstos para 2025 se enmarcan en un contexto de alta inflexibilidad y altos niveles del servicio de la deuda. “La inflexibilidad del presupuesto de inversión llega a los $57 billones y además pagaremos alrededor de $112,6 billones de deuda, este es un país que vive para pagar la deuda", anotó el director Alexander López.
En cuanto a los ingresos de la nación, el director del Departamento Nacional de Planeación explicó que la decisión de la Corte Constitucional, respecto a la deducibilidad de las regalías, afectó negativamente los ingresos y a través de la Ley de Financiamiento se busca recaudar los recursos necesarios para mantener un nivel mínimo de inversión pública de manera fiscalmente responsable.
“El costo de la decisión de la Corte frente a la deducibilidad de regalías tiene un impacto proyectado de $6,7 billones para 2024 debido a la devolución del recaudo percibido en 2023; mientras que para la próxima vigencia se estima en $3,2 billones. Así, parte del recaudo proveniente de la Ley de Financiamiento se destinará a cubrir el hueco que dejó la decisión de la Corte Constitucional”, agregó el director del DNP.
Por otra parte, el director del DNP presentó cómo estará distribuido el presupuesto de inversión para el 2025 que contempla un monto general de $82,46 billones, de los cuales, $57 billones responden a inflexibilidades como las vigencias futuras, recursos propios, rentas de destinación específica, fondos especiales y víctimas. Estos compromisos dejan, sin la Ley de Financiamiento, solamente $12,8 billones flexibles para atender las demandas sociales de la nación que no están amparadas en estos recursos.
Ante las comisiones económicas fue socializada la distribución para cada uno de los sectores administrativos del Gobierno nacional y que plantea recursos globales en el proyecto de presupuesto de inversión para 2025 por $82,46 billones.
Durante su presentación el director Alexander López destacó que no es cierto que el Gobierno nacional sea irresponsable en el manejo de la economía. Reiteró el compromiso del Gobierno por la sostenibilidad de las finanzas públicas y el respeto por los compromisos legales del Estado.
En su presentación a las comisiones económicas del Congreso de la República, el Departamento Nacional de Planeación presentó el impacto que traería para los programas y proyectos no contar con los recursos adicionales por $12 billones que inyectaría la Ley de Financiamiento.
En inclusión social, se destaca la afectación parcial que se tendría por contar con menores recursos en los programas de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Renta Joven, Reparación de Víctimas y Hambre Cero, entre otros programas.
Así mismo, recalcó que “hemos visto con preocupación el impacto que tendría la reducción en $12
billones del monto del presupuesto para el año 2025, por ejemplo, no podríamos cumplir con el mejoramiento de colegios y escuelas. También se verían afectados los créditos en educación superior y el PAE”.
Y agregó: “El Ministerio del Deporte también se vería muy afectado toda vez que los $400 mil millones que hoy tienen asignados también tendrían que reducirse. Esto afectaría el desarrollo del deporte y el sueño de muchos jóvenes de ser unos deportistas de primer nivel” agregó el director Alexander López.
Entre otros impactos, que se tendrían si no se aprueba el monto de inversión propuesto puesto a consideración del Congreso, se encuentran retrasos para estarían relacionados con el proyecto de infraestructura y dotación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, así como el avance en el programa de historia clínica unificada electrónicamente. La vivienda también resultaría impactada con el programa Cambia mi Casa, así como los proyectos de agua y saneamiento básico en los municipios.
