Por Camilo E. Ramírez Baquero (*)
Primera Página - Agencia de Noticias -
Bogotá. - Ahora nadie quiere asumir la responsabilidad de haber abortado la operación de Ecopetrol con OXI y que le habría permitido incrementar su producción global diaria en cerca de un 8%, con el correspondiente beneficio para las cuentas públicas y los accionistas de la empresa.
El anuncio oficial es que ni el doctor Roa ni la Junta Directiva se “patrasearon” y fue el Ministerio de Hacienda el que negó la autorización para endeudarse y poder cumplir la operación y que preferían no firmar nada por la penalidad que implicaría retractarse.
Lo que se sabe extraoficialmente es que nadie inició formalmente el trámite para obtenerla, que fue un “guiño” negativo del presidente Petro en un almuerzo el que impidió la transacción y que tanto el doctor Roca como la Junta quedaron más bien con los crespos hechos, pues no solo es una gran oportunidad, sino que llevan ya tiempo trabajándole al asunto.
Cualquiera sea la realidad, lo recomendable al doctor Roa y a la Junta es que por diligencia y para preservar su responsabilidad patrimonial, renuncien a sus posiciones por el hecho ya más que claro de que les es imposible atender sus deberes de buena fe y lealtad frente a la totalidad de los accionistas de la empresa, y de que sus esfuerzos para desarrollar el objeto social de la empresa son infructuosos dado que el accionista mayoritario les está imponiendo decisiones que son abiertamente contrarias a tales intereses.
Esta no es una arenga política, que no me corresponde, sino una opinión legal, pues desde que Ecopetrol se hizo empresa mixta para la emisión de acciones al mercado de valores (hoy incluido el de la Bolsa de Nueva York), se buscó dejar en claro que la empresa se rige por las normas del derecho privado, las cuales sujetan a los administradores a adelantar los esfuerzos para desarrollar el objeto social y a dar un trato igualitario a todos los accionistas.
Si quien los nombró les impide cumplir tales obligaciones, mantenerse en el puesto denota no solo un acto de mala fe, pues no pueden beneficiarse de una posición cuyos deberes no pueden cumplir, sino de falta de lealtad, porque afecta a los accionistas minoritarios que tienen un claro interés en que las decisiones del negocio se adopten para crear el mayor beneficio posible.
Si el presidente Petro quiere hacer política ambiental con Ecopetrol en contra de su objeto social, debe primero reformar la ley y los estatutos de la empresa, pero mientras tanto es una total irresponsabilidad de los administradores mantenerse en sus cargos a sabiendas de que no van a cumplir con aquellos mandatos.
La Ley de sociedades que sujeta a la empresa está diseñada para que un accionista mayoritario o controlante que se enloquece, sea contenido por los administradores de la empresa si es necesario para preservar el interés de la empresa y de los demás accionistas. Si no lo pueden hacer, simplemente deben irse por decencia y por honestidad.
Dejen que sean el presidente Petro y su ego los que asuman directamente y de frente las decisiones que acaban con el futuro de la empresa y la seguridad energética del país, pero no hagan el papel de idiotas útiles a sus intereses.
(*) Abogado tributarista y estratega empresarial.
