Por Carlos Caballero Argáez (*)

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá. – Escribo esta columna mientras transcurren el paro camionero y los injustificables bloqueos del transporte en todo el país, con su desastroso impacto en la vida económica y social del país. Paradójicamente el paro se atribuye a una medida necesaria de este gobierno, como lo era aumentar del Acpm el último día del mes de agosto.

El ajuste gradual del precio de los combustibles se inició en 1998. Mi antecesor en el Ministerio de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela, tuvo la buena idea de cambiar la política y el presidente Pastrana ‘se dio la pela’. Subir el precio de la gasolina a principios de enero, como tradicionalmente se hacía, conducía a un incremento generalizado de los precios en la economía. Si la gasolina subía 20% en enero, la inflación del año registraba traba un mínimo del 20%.

El nuevo esquema se implantó en una coyuntura en la cual el precio internacional del petróleo era bajo y la tasa de cambio se movía dentro de una banda. Sin embargo, dio lugar a un fuerte debate en el país; se necesitó mucha pedagogía para explicar los beneficios del movimiento mensual del precio. 

Pero, mal que bien, el país se acostumbró a que la gasolina y el Acpm cambiaban de precio cada mes al tener en cuenta el precio internacional del petróleo y la variación del precio del dólar. En 2000, cuando ocupé el Ministerio, la gasolina se subió 30% y la inflación fue de 8,8%.

El Gobierno estableció en 2007 el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el famoso Fepc, para ‘suavizar’ los efectos de los cambios de los precios internacionales del petróleo y reconocer a Ecopetrol las diferencias entre el precio internacional y el interno, vía el presupuesto nacional. 

Lamentablemente, por razones políticas, el precio interno no se ajustó rápidamente con posterioridad a la pandemia de 2020 y se generó un enorme déficit en el Fepc. A este gobierno le correspondía, entonces, cerrarlo. En buena hora procedió a llevar el precio de la gasolina al nivel internacional durante 2023. Pero no lo hizo con el Acpm de manera gradual como en el pasado y decidió subirlo en tres golpes de $2.000 cada uno. ¡Y ahí fue Troya!

Ahora bien, el Gobierno forzosamente debía ajustar el precio. Había que reconocer y pagar el subsidio lo cual, obviamente, implicaba un esfuerzo fiscal. El problema fue la demora en el ajuste y no efectuarlo como venía haciéndose, sino con la modalidad anterior a 1998. ¿Males del populismo?

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No son admisibles para ningún colombiano el paro y los bloqueos de los camioneros. Tampoco lo son la olímpica actitud del presidente Petro, culpando a los empresarios y victimizando a los conductores, ni su sofisma de distracción sobre el software comprado por la Policía hace unos años.

Unos bloqueos que causan semejante disrupción en el funcionamiento de la sociedad desconocen el principio ético fundamental de que las acciones de un grupo social no pueden causar daño a la vida de sus congéneres. El daño es inconmensurable. Afecta el derecho constitucional a la vida de los colombianos. Colegios y universidades han cerrado y las basuras no se pueden ni recoger ni transportar. La actividad económica está interrumpida, con un impacto enorme para los trabajadores, los consumidores y los productores pequeños, medianos y grandes.

No está de más recordar los bloqueos de 2021 y los estragos que causaron. Un estudio del Banco de la República fue claro en afirmar que el disparo de la inflación de 2022 se originó en el cierre prolongado de las carreteras. Mucho me temo que se repita la historia con un presidente que no deja actuar a las autoridades locales ni a los responsables del orden público.

(*) Ex codirector del Banco de la República, ex ministro de Minas, escritor y columnista.