Primera Página – Agencia de Noticias –
Lima.- El conflicto entre Minera Poderosa y el Consejo Regional de La Libertad alcanzó un nuevo nivel con la presentación de una denuncia penal contra los consejeros que votaron a favor de revocar el Acuerdo Regional N.º 170-2023-GRLL-CR, norma que reconocía como de interés regional las operaciones extractivas de la compañía en el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión.
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, confirmó al medio Macronorte.pe que el procurador regional ya notificó a los consejeros sobre la denuncia presentada por la empresa minera. “Es una consecuencia que asumimos como autoridades políticas. Actuamos con responsabilidad al respaldar a la población de Sartimbamba”, declaró.
El acuerdo en cuestión fue aprobado en 2023, respaldado por informes técnicos que catalogaban como terrenos eriazos —sin presencia humana ni agrícola— las 1.368 hectáreas destinadas al proyecto. Dicha información, sin embargo, nunca fue validada directamente con la comunidad.
“Los informes indicaban que no había vida ni cultivos, pero eso no era cierto. En campo, hay siembras y presencia de habitantes”, reconoció Carranza. Añadió que los informes técnicos y el dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas, presidida por la consejera Leyla Espir Calderón, no se socializaron con los ciudadanos de Sartimbamba.
En abril de 2024, tras una visita de representantes comunales al Consejo Regional —quienes negaron haber sido informados o consultados—, se procedió a la derogación del acuerdo. La decisión fue impulsada por una rectificación de la propia consejera Calderón, quien admitió deficiencias en el proceso.
La revocación del acuerdo expone nuevamente la tensión entre los intereses del sector extractivo y la necesidad de contar con licencia social. Minera Poderosa, uno de los mayores productores de oro del país, argumenta que la anulación afecta la seguridad jurídica y el desarrollo de sus operaciones formales.
Por su parte, el Consejo Regional sostiene que actuó bajo el principio de buena fe tanto al aprobar como al derogar el acuerdo, aunque reconoce errores en la validación del sustento técnico original. “No se había hecho el trabajo de campo ni se había compartido la información con la comunidad”, insistió Carranza.
La denuncia penal abre un nuevo capítulo legal que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad penal de autoridades regionales en decisiones políticas vinculadas a la minería.
