Primera Página - Agencia de Noticias - París. - El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, afirmó que la violencia registrada durante las protestas sociales del sábado respondió a una maniobra política y anunció que las autoridades habían detenido a 1.200 ciudadanos. Durante la jornada, 150 policías y gendarmes resultaron heridos. En una comparecencia ante la prensa, poco antes de la medianoche, Lecornu respaldó a las fuerzas de seguridad y señaló que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, impartió instrucciones a los fiscales para que soliciten prisión provisional contra los detenidos. El primer ministro justificó la medida al afirmar que los arrestados tienen “perfiles particularmente violentos y peligrosos”. También sostuvo que en París se intentó atacar edificios considerados centros de poder, entre ellos el palacio del Elíseo, la residencia oficial del jefe de Gobierno, en Matignon, y la Asamblea Nacional. “No se puede permitir que una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan”, declaró Lecornu, quien añadió que el Gobierno no se dejará intimidar por los hechos violentos. Alcaldes piden explicaciones Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión con Lecornu a comienzos de la próxima semana para abordar los daños y los saqueos ocurridos en sus ciudades. En un comunicado conjunto, el socialista Emmanuel Grégoire, de París; el independiente de izquierdas Benoît Payan, de Marsella, y el ecologista Grégory Doucet, de Lyon, pidieron un diagnóstico sobre los hechos. “Exigimos un diagnóstico preciso que explique la cadena de acontecimientos que condujeron a esta situación. Esto no puede ni debe volver a ocurrir”, señalaron. Los tres mandatarios locales indicaron que su iniciativa también contempla a los alcaldes de otros municipios afectados por los disturbios. Más de medio millón de manifestantes Las movilizaciones se desarrollaron en distintas ciudades francesas y reunieron a colectivos estudiantiles, integrantes del movimiento de los chalecos amarillos y empleados de servicios públicos, entre otros sectores, con una amplia lista de reivindicaciones. Según el Gobierno, las manifestaciones congregaron a unas 550.000 personas en todo el país, mientras que los organizadores calcularon una asistencia superior a 800.000. En París, el Ministerio del Interior contabilizó 110.000 participantes. La convocatoria superó las previsiones del Ejecutivo, que antes de la jornada calculaba una participación máxima de 150.000 personas en todo el territorio nacional. Las autoridades también se encontraron con un nivel de violencia mayor al esperado. En varias ciudades se reportaron ataques contra edificios públicos, incendios y saqueos de establecimientos comerciales. Entre los hechos más graves estuvo el incendio del histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges.