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Bogotá. - La más reciente encuesta de Cifras & Conceptos reveló que más del 80% de la población y líderes de opinión apoya la Reforma al Sistema General de Participaciones. 

Cifras & Conceptos también señaló que la población general asocia a los departamentos competencias claves como vías como las vías intermunicipales, cultura, deporte, turismo, desarrollo de zonas francas y parques industriales y contratación docente.

La población general asocia a los municipios competencias como programas de actividad física, gestión de residuos, calidad educativa y servicios públicos.

La población general asocia a la Nación competencias relacionadas con inclusión social, vivienda, educación superior, medio ambiente y otras áreas de impacto estratégico.

Entre las competencias compartidas por los tres niveles de Gobierno, la población general asocia la alimentación escolar, el acceso y calidad en los servicios de salud, así como la innovación en sectores económicos.

Daniel Castellanos asesor del Ministerio del Interior dijo que el resultado de la encuesta le dice a los "tecnocratas" que criticaron la Reforma al Sistema General de Participaciones que deben estar en sintonia con la realidad nacional. 


¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)?

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). El SGP está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991. El SGP se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación  (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.

¿Por qué hay que reformar el SGP?

Una reforma al SGP es fundamental para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo. Hoy día, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). La reforma constitucional presentada por el Gobierno Nacional, y que cursa su sexto de ocho debates en el Congreso de la República, busca que en adelante los entes territoriales reciban el 46,5% de los ICN para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios.

¿Quebrará la reforma a la Nación? ¿Es fiscalmente insostenible?


No. La reforma no solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales. No hay más plata para las regiones si no se redefinen las competencias.La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica.

¿La reforma del SGP fortalece las instituciones en las regiones


Sí. La redistribución de competencias entre la Nación y los territorios pretende otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales: además de recibir más recursos, los territorios deben. fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios históricos entre Bogotá y las regiones.

La discusión alrededor de la reforma es quién maneja el poder y los recursos, la experiencia ya ha demostrado que concentrar poder y recursos en Bogotá no es efectivo ni eficaz. La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica.