Primera Página – Agencia de Noticias –

Lima, Perú. – El «caso Rolex» ha generado un intenso debate en Perú, poniendo bajo escrutinio público a la presidenta Dina Boluarte y su presunta posesión de relojes de lujo no declarados. Este análisis exhaustivo busca esclarecer las claves y consecuencias de este escándalo para la política peruana.

El caso se desató a raíz de un reportaje publicado por el medio La Encerrona, donde se reveló que la presidenta Dina Boluarte poseía varios relojes de alta gama, presumiblemente de la marca Rolex, los cuales no habían sido declarados en sus informes de bienes. Esta información generó interrogantes sobre el origen de estos relojes y su posible conexión con un enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta.

El reportaje se basó en un análisis exhaustivo de imágenes y fotografías de eventos públicos en los que Boluarte había sido vista luciendo estos relojes, algunos de los cuales tendrían un valor considerable en el mercado. Esta revelación desató una serie de investigaciones y cuestionamientos sobre la transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios públicos en Perú.

Desde su inicio como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, ha sido vista luciendo al menos quince relojes diferentes. En sus primeras apariciones, se le vio con un reloj de la marca Michael Kors, que, según diversas fuentes, no superaba los US$200 en valor. Sin embargo, con el tiempo y tras asumir la presidencia del país en diciembre de 2022, empezó a ser vista con modelos que se presume son de mayor valor.

Hasta el momento se ha confirmado que al menos uno de estos relojes es un Rolex, valuado en al menos US$14.000, basándose en imágenes de alta calidad. Aunque no afirmaron que todos fueran Rolex, existen dudas sobre otros tres modelos, pero medios locales sugieren que también podrían ser de la misma marca según expertos consultados.

En el país sudamericano, un funcionario electo está obligado a declarar bienes que superen los 10.300 soles (equivalente a unos US$2.774). Se informó también que antes de ocupar cargos políticos, Boluarte tenía un salario mensual de alrededor de 4.500 soles (más de US$1.000) como funcionaria de la agencia de identificaciones en Perú, mientras que su salario como ministra ascendía a 30.000 soles (US$8.000), reduciéndose a 15.500 soles (US$4.000) al asumir la presidencia.

Además, se ha destacado que las autoridades han identificado depósitos de origen desconocido por un total de aproximadamente US$300.000 en las cuentas personales de Boluarte antes de asumir su cargo. Estos hallazgos han aumentado las dudas sobre el origen de su patrimonio y la transparencia en sus declaraciones financieras.

Pocas respuestas de la presidenta

Ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito y omisión de bienes, la presidenta Boluarte respondió inicialmente negando las irregularidades y defendiendo la legitimidad de su patrimonio. Sin embargo, la falta de colaboración de Boluarte con la fiscalía y su negativa a proporcionar detalles sobre la adquisición de los relojes generaron mayor controversia y desconfianza en la opinión pública.

El punto álgido de este caso fue el allanamiento realizado en la residencia de Boluarte, donde se esperaba encontrar evidencia relacionada con los relojes en cuestión. Aunque no se hallaron los objetos mencionados, el allanamiento suscitó críticas tanto a nivel legal como ético, cuestionando los métodos utilizados y la transparencia del proceso judicial.

El «caso Rolex» ha tenido profundas repercusiones en el ámbito legal y político de Perú. Por un lado, ha resaltado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de los líderes gubernamentales, especialmente en lo que respecta a sus declaraciones de bienes y posibles conflictos de interés.

Desde el punto de vista político, el escándalo ha debilitado la imagen de la presidenta Boluarte y ha generado llamados a una moción de destitución (vacancia) por parte de algunos sectores de la oposición. La presentación de esta moción evidencia las tensiones y divisiones dentro del espectro político peruano, así como la necesidad de abordar de manera efectiva las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en el gobierno.

Cambios ministeriales

En las últimas horas, Boluarte nombró seis nuevos titulares de carteras, debido a la renuncia de varios de ellos, solicitadas por parte de la presidenta, que varios sectores consideran una golpista.

Con una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la juramentación de seis nuevos ministros de Estado, marcando una reestructuración en el gabinete ministerial.

Estos cambios se dan a pocos días de la investidura del Consejo de ministros encabezado por el premier Gustavo Adrianzén, que tendrá lugar el tres de abril en el Congreso de la República.

1. Walter Ortiz Acosta – Ministerio del Interior:

Ortiz Acosta, quien asumió el cargo en reemplazo de Víctor Torres, es un experimentado oficial con una trayectoria de 38 años en seguridad ciudadana y cooperación policial internacional. Su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la gestión en el Ministerio del Interior.

2. Morgan Niccole Quero Gaime – Ministerio de Educación: Quero Gaime, nuevo titular de Educación en lugar de Nancy Tolentino, cuenta con una amplia experiencia en gestión educativa, habiendo ocupado diversos cargos en el sector público y privado relacionados con la educación y la cultura.

3. Sergio González Guerrero – Ministerio de Producción: González Guerrero, en reemplazo de Ana María Choquehuanca, aporta su experiencia como exgerente General de la SUNAFIL y su conocimiento en temas laborales y de producción, aspectos clave para el desarrollo económico del país.

4. Elizabeth Galdo Marín – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): Galdo Marín asume la responsabilidad en Mincetur, relevando a Juan Carlos Mathews, con una sólida formación legal y experiencia en el ámbito corporativo, lo que se espera fortalezca la promoción del comercio y turismo en el país.

5. Manuel Manero Campos – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Manero Campos sucede a Jennifer Contreras en este ministerio, aportando su experiencia como consultor asociado en temas de planeamiento y gestión agraria, así como su participación en el gobierno regional de Lima Sur.

6. Angela Teresa Hernández Cajo – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp): Hernández Cajo, nueva ministra en reemplazo de Nancy Tolentino, cuenta con una destacada trayectoria en temas de familia y comunidad, fortaleciendo así la labor en el ámbito social.

En un contexto marcado por la corrupción y los escándalos políticos, el «caso Rolex» se suma a una serie de acontecimientos que ponen a prueba la integridad y la responsabilidad de los líderes gubernamentales.