Por Juan Munévar Primera Página - Agencia de Noticias - Bogotá. - Al interior del Grupo Ecopetrol se está haciendo la evaluación jurídica para poder comprar la hidroeléctrica de Urrá S.A. por un canje del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Se recuerda que esta propuesta la hizo el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. “Yo soy el que ha pedido que las empresas Urrá y Gecelca, propiedad del Ministerio de Hacienda, sean vendidas a Ecopetrol como parte del pago de la deuda de la gasolina que le debe el Gobierno a esta empresa por la deuda que dejó Duque (expresidente” en una cuantía de $70 billones de pesos”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su momento. Pues la propuesta ya está al interior de Ecopetrol y es estudiada, por el lío es jurídico y de profundidad. En primer lugar, a Ecopetrol no se le tiene permitido tener proyectos de generación de energía para poder comercializar porque estaría violando la Ley 142 de 1994 que establece el régimen de servicios públicos domiciliarios. Una forma de hacerlo sería hacer una modificación a la Ley, que de hecho ya fue planteada y es conocida como la Reforma a los Servicios Públicos, que adelanta el ministro de Minas y Energía, ómar Andrés Camacho. Dicha reforma no ha llegado al Congreso pese a que se esperaba radicar en el Congreso de la República en el segundo semestre de este año. La otra opción jurídica que tiene que evaluar Ecopetrol, y si a través de su filial, Interconexión Eléctrica podría hacer la compra de las generadoras Urrá y Gecelca. Sin embargo, ahí se atraviesa la Corte Constitucional, que negó esa vía, antes conocida como integración vertical, que ponían en riesgo la libre competencia. Como se informó en noviembre de 2023, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido la premisa de permitir a Ecopetrol participar del negocio de generación de energía a través de la integración vertical con Interconexión Eléctrica (ISA), de la cual posee el 51,4% de participación accionaria. El alto tribunal aseguró que dicha integración pone en riesgo la “libre competencia” del sector energético colombiano. Además, va en contravía con las leyes 142 y 143 de 1994 (Ley de Servicios Públicos), que señalan que las empresas de transmisión no pueden desarrollar actividades de generación de energía, para evitar conflictos de interés y mantener la eficiencia del sistema. A Ecopetrol sí se le está permitido tener proyectos de generación pero para el propio consumo eléctrico de sus operaciones. De hecho ya cuenta con plantas solares, en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. La salvación que tendría Ecopetrol, es el Decreto 1403 del 2024 que establece que se puede tener un proyecto de autogeneración fuera del rango del lugar de operación. Es decir, esta regulación permite que se pueda tener un proyecto en La Guajira, y consumir la energía en Bogotá. Este decreto libera las condiciones de participación de los autogeneradores y productores marginales que no inyectan excedentes de energía a la red. “No se requerirá autorización de ningún tipo para la conexión al Sistema Interconectado Nacional o Redes en las Zonas No Interconectadas, ni tendrá distinción de gran o pequeña escala, ni límites de capacidad para cuando el autogenerador o el productor marginal no entregue energía a través de la red”, dice el Decreto. Esta es la opción jurídica que está evaluando Ecopetrol para poder efectuar la compra de Urrá. En el caso de Gecelca, se desconoce si la propia petrolera tiene interés en esta generadora. Y es que Gecelca presenta líos financieros. Documentos a los que accedió Primera Página, detallan que Gecelca a junio de 2024, tiene activos totales por $3,6 billones con una reducción del 3,54% frente a diciembre del 2023. El patrimonio de Gecelca pasó de $1,32 billones en diciembre del año pasado a $1,24 billones a junio de 2024. El documento que proviene de la Superintendencia de Servicios Públicos, en la que había intención de intervenir a Gecelca, dice que la disminución del activo obedece a menores valores presentados por la cartera de servicio, pasado de $408.538 millones a $273.674 millones, en el periodo de referencia ya mencionado. En el mismo documento, se subraya que para agosto de este año, la compañía presenta un patrimonio transaccional negativo, principalmente debido a activos con restricción a la titularidad. Esta situación es desfavorable, ya que indica, que ante una eventualidad del mercado, la empresa no contaría con el sustento patrimonial para responder de manera adecuada. En el caso de Urrá, hay además conflictos de interés. Por las investigaciones adelantadas por la venta irregular de energía, y las acusaciones en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, de que haya influenciado la venta o contratos de Urrá, había ese conflicto de interés. Se recuerda que el propio exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo llegar a la Fiscalía denu