Por María Lucía Hernández Dueñas (*)
Primera Página - Agencia de Noticias -
Roma (Italia). - El 22 de marzo de 1968, la Universidad de Nanterre se convirtió en el escenario de una movilización estudiantil que, semanas después, contribuiría a desencadenar uno de los estallidos sociales más icónicos del siglo XX: mayo del 68.
Movimientos estudiantiles, sociales y políticos, al igual que grupos obreros y sindicales, paralizaron el país y salieron a las calles para exigir mejores condiciones educativas y laborales, pero sobre todo, para cuestionar las estructuras tradicionales de autoridad y el poder del Estado, encabezado entonces por Charles de Gaulle.
Mayo del 68 se conoce como un evento icónico, no solo porque impulsó reformas educativas en las universidades y contribuyó al incremento del 35% del salario mínimo, sino porque además provocó un desgaste político del Gobierno de De Gaulle, quien terminaría renunciando a su cargo en abril de 1969 tras perder un referéndum. Este arraigado espíritu de protesta francés ha creado un precedente difícil de borrar de su imaginario colectivo y lleva a reflexionar sobre las manifestaciones que han venido sucediendo en el país galo desde hace un mes.
¿Qué está ocurriendo ahora?
Durante las últimas semanas, Francia ha sido el escenario de lo que Le Monde ha calificado como “una movilización estudiantil histórica” en la que más de 500.000 personas han salido a las calles. Todo empezó el 17 de septiembre de 2026 en el Instituto Saint-Exupéry en Créteil, donde numerosos alumnos iniciaron el año escolar sin profesores de determinadas asignaturas, y con escasez de personal de enfermería y apoyo.
Detrás de lo que puede parecer un simple descontento estudiantil, al igual que en Mayo del 68, existe una reivindicación mayor de justicia social. Los manifestantes denuncian desigualdades socioeconómicas y socioespaciales, las cuales parecen repercutir en el acceso a una educación de calidad de los estudiantes en Francia. En otras palabras, el lugar de residencia y los recursos económicos familiares influyen en las oportunidades educativas de los estudiantes franceses.
Estas desigualdades educativas también aparecen reflejadas en las estadísticas del Ministerio de Educación francés. Según las evaluaciones nacionales de inicio de seconde de 2025, el 35,8% de los alumnos que asistían a institutos socialmente desfavorecidos se situaban en los grupos de menor rendimiento académico, frente al 9,2% de quienes estudiaban en establecimientos de contextos socioeconómicos favorecidos. Estas cifras evidencian una brecha educativa asociada al origen social de los estudiantes y alimentan el debate sobre las políticas de austeridad y reducción de recursos destinados a los servicios públicos, así como a garantizar condiciones educativas equitativas.
Francia atraviesa una situación presupuestaria compleja. El primer ministro, Sébastien Lecornu, busca reducir el déficit público y contener el crecimiento de una deuda pública que ha llegado al 119% del PIB. Gastos extraordinarios asociados a la pandemia, medidas para amortiguar el aumento de los precios de la energía, costos de las pensiones y la sanidad, así como el incremento del gasto de defensa son algunos de los factores que han llevado al Gobierno francés a realizar ajustes presupuestales desde 2024. En este contexto, ha planteado nuevos ajustes presupuestarios y busca reducir el déficit del 5,4% del PIB previsto para 2026 al 5% en 2027.
Al debate sobre las prioridades económicas del Estado francés se suman los efectos de las reformas tributarias impulsadas durante la presidencia de Emmanuel Macron. Desde 2018 ha venido promoviendo modificaciones significativas en la tributación del capital, entre ellas la sustitución del impuesto sobre las grandes fortunas por uno limitado al patrimonio inmobiliario y la introducción de una tasa fija del 30% sobre numerosas rentas financieras. Estas decisiones beneficiaron especialmente a los sectores de mayores ingresos y patrimonios.
Según una evaluación del Institut des politiques publiques, las medidas fiscales y sociales adoptadas entre 2017 y 2022 aumentaron, en promedio, un 3,3 % el nivel de vida del 1 % más rico de la población, frente a un 0,8% para el 5% más pobre. A ello se suma que, según el Insee, las desigualdades de ingresos alcanzaron en 2024 su nivel más elevado desde 1996. En este contexto, el economista francés Gabriel Zucman advirtió en marzo de 2026 en una entrevista con Syndicalisme Hebdo que el sistema tributario actual estaba beneficiando desproporcionalmente a la población más rica, pues pagaban proporcionalmente mucho menos impuestos sobre sus ingresos que las demás categorías sociales.
Su planteamiento cobra particular relevancia frente a las actuales discusiones sobre la reducción del déficit público, al introducir un interrogante sobre la distribución de las cargas del ajuste fiscal y la posibilidad de aumentar la contribución tributaria de los grandes patrimonios antes de restringir los recursos destinados a servicios públicos como la educación.
A este problema fiscal se suma un problema de legitimidad institucional y política. Durante los últimos años, el poder ejecutivo en Francia ha utilizado reiterativamente el artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante proyectos legislativos, especialmente leyes presupuestarias. Por medio de este mecanismo constitucional se le otorga al primer ministro la facultad de sacar adelante una norma, sin necesidad de una votación ordinaria de aprobación en la Asamblea Nacional, salvo que prospere una moción de censura.
Este recurso se ha venido empleando en los últimos años, en especial desde que el bloque presidencial perdiera la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en 2022. El uso recurrente de dicha herramienta constitucional ha suscitado cuestionamientos sobre la garantía y respeto de uno de los sellos franceses de la democracia por excelencia: la separación y el equilibrio de poderes. Esta práctica, si bien puede contribuir a superar bloqueos legislativos, en el contexto actual plantea interrogantes sobre los límites del poder gubernamental frente a normas de trascendencia económica y social, pero además abre el debate sobre la falta de representación democrática.
Este escenario también abre las puertas para hablar de una potencial crisis de gobernabilidad. Al respecto, Blanche Leridon, directora de Estudios sobre Francia del Institut Montaigne, sostiene en su artículo Things Fall Apart, the Center Just About Holds que, aunque en Francia todavía no hay una crisis del régimen, sí se ha debilitado considerablemente la capacidad del Ejecutivo para gobernar. Asimismo, advierte que las posibilidades de impulsar reformas económicas y sociales significativas son cada vez más reducidas, mientras que la propia estabilidad gubernamental parece difícil de alcanzar. A su parecer, uno de los mayores retos que enfrenta el país es que las instituciones conserven su capacidad para adoptar decisiones, superando las crecientes dificultades para alcanzar consensos que permitan gobernar de manera estable.
¿Y la educación? Las decisiones fiscales adoptadas y las tensiones presupuestarias surgidas en los últimos años han reabierto la discusión sobre la capacidad del Estado francés para garantizar una educación pública de calidad. Aunque el presupuesto educativo ha registrado incrementos nominales, la limitación en el volumen total de recursos asignados y su distribución, la restricción de la disponibilidad efectiva de docentes y la capacidad estatal para garantizar condiciones equitativas ponen en tela de juicio la suficiencia y la distribución de los recursos disponibles. Así, el debate sobre las finanzas públicas ha llegado hasta los salones de clase, donde cientos de miles de estudiantes a lo largo y ancho del país denuncian cómo la falta de personal, el deterioro de las instalaciones y las desigualdades económicas y socioespaciales están comprometiendo su acceso al derecho a la educación de calidad.
Es pronto aún para determinar si octubre de 2026 llegará a convertirse progresivamente en el próximo mayo del 68. Sin embargo, lo que sí han dejado en claro los acontecimientos del último mes es que los jóvenes en Francia están sentando una postura clara frente a la incapacidad del Estado de responder a sus demandas. En marzo de 1968 todo empezó en la Universidad de Nanterre; ahora, 58 años después, la historia se repite en el Instituto Saint-Exupéry en Créteil. ¿Será el punto de partida de una nueva movilización que vuelve a situar a la juventud francesa en el centro del debate político y social?
(*) Experta en Derecho Migratorio. Es abogada de la Universidad de Los Andes, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (Luiss), de Roma, Italia.
