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Madrid. – La Audiencia Nacional de España condenó a 18 de los 22 acusados de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a fabricar y distribuir cocaína y otras sustancias en la ciudad de Tarragona.

Las penas irán de los tres a 18 años de prisión.

Además, la Audiencia impuso multas para los dos jefes del “clan”, que llegan a  14 millones de euros (US$14,4 millones).

El tribunal absolvió, no obstante, a cuatro de los encausados — uno de ellos representado por el despacho Ospina Abogados — al no considerar probado que conocieran de la existencia de la organización criminal, ni que tuvieran participación alguna en los hechos.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional condenó por  delitos contra la salud pública y contrabando de género prohibido a los dos jefes de la organización (Fernando Escobar y José Cirera) y les atribuyó también el delito de blanqueo de dinero.

La resolución señala que los encausados utilizaron en el 2020 una finca ubicada en la localidad de Lliça d’Amunt (Tarragona), y que disponía de unos 4.000 metros cuadrados y distintas locaciones, para organizar un laboratorio especialmente dispuesto hacia la extracción de cocaína.

La investigación policial inició en el 2019 luego de que los agentes sospecharon de un grupo de personas se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes.

Las sospechas se fundaron esencialmente a partir de que tuvieran noticias de que se podía recibir en un tiempo breve una cantidad alta de sustancias químicas, denominadas precursores, que habrían de tener como finalidad la elaboración y fabricación de cocaína, según indica la  sentencia.

La acción de la Policía Nacional se desarrolló también en diferentes localizaciones de Cataluña y Murcia, y acabó estallando en el 2021 cuando se procedió a la entrada y registro en una decena de fábricas y locales.

Según añade la resolución, la organización importaba desde Colombia y vía Rotterdam, en Países Bajos,  sacos con sustrato de coco que venía impregnado con la sustancia estupefaciente.

El importe de toda la sustancia estupefaciente intervenida habría alcanzado en el mercando ilícito un valor de 7,4 millones de euros (US$7,6 millones).