Por Juan Camilo Restrepo (*)

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá. - El derecho presupuestal nació de un impasse en la Alemania de Bismark en la década de los años sesenta del siglo XIX.

El canciller le solicitaba al parlamento amplios créditos para prepararse para la guerra que luego se conoció como el conflicto Franco -Prusiano. Y el parlamento, que no era guerrerista, le negó sistemáticamente estas partidas presupuestales durante varios años.

Las grandes elaboraciones doctrinales de lo que es el presupuesto nacieron de aquel impasse que finalmente se terminó resolviendo en favor de las tesis de Bismark quien, a su turno, ganó la guerra en la célebre batalla de Sedan que acarreó la caída de Napoleón III y la pérdida de la Alsacia y Lorena para Francia.

No es pues extraño que las elaboraciones presupuestales se originen al fragor de los impasses políticos- jurídicos.

Sin guerra ad-portas, en Colombia estamos presenciando también un impasse político- jurídico en torno a la discusión del proyecto de presupuesto para la vigencia del 2025.

¿En qué consiste el impasse y cómo solucionarlo?

El gobierno presentó un proyecto de presupuesto para el 2025 cuyo monto es de $523 billones de pesos. La mayoría de las comisiones económicas de cámara y senado, consideraron que el monto debe reducirse en $12 billones, que es el valor que se espera recaudar con la nueva reforma tributaria que ya fue radicada por el gobierno en el congreso y cuya discusión comenzará la semana entrante. 

Tres de las cuatro comisiones económicas consideraron que el monto debe reducirse al menos en la cuantía de lo que se pretende conseguir con la nueva reforma tributaria que es de $12 billones. Lo que llevaría a que el "monto"" del presupuesto debería quedar en $511 billones (523-12).

Ahora bien: como el impasse es inédito y no está resuelto con precisión en las normas vigentes del estatuto orgánico del presupuesto, es necesario, para encontrarle una solución racional al asunto, así el tema no se haya resuelto en septiembre 15, echar mano del sentido común y de las normas generales que rigen la contabilidad pública.

El gobierno está empeñado en que se consigne el monto de 523 billones simplemente porque esa es la cifra que aparece en el proyecto original. Ha llegado a afirmar inclusive que, si no se procede así, el congreso habrá improbado el proyecto de presupuesto para el año entrante y el gobierno podría proceder a expedirlo por decreto. 

Lo cual, es un despropósito, puesto que la única hipótesis para que el presupuesto se pueda expedir por decreto es que a octubre 20 el congreso se abstenga de expedirlo. 

Pero esa hipótesis solo se podría evidenciar a octubre 20, no al comienzo de la discusión parlamentaria que apenas empieza; hipótesis también conocida como "guillotina presupuestal" y cuya razón de ser es que bajo ninguna circunstancia el país se quede sin presupuesto.

El Gobierno Petro ha incluso llegado a sugerir torpemente que la renuencia del congreso a acoger el "monto original" es una manera de "sabotear" al gobierno y un indicio más -dice- del golpe de estado blando que estaría en marcha. Un disparate, naturalmente.

Ahora bien: ¿cómo se podría solucionar racionalmente este impasse presupuestal que se presenta?

Mi propuesta es la siguiente: el "monto” del presupuesto para el año entrante tendría dos componentes: uno de $511 billones que es la cuantía sin el producido estimado de la ley de financiación, y otro componente que podría denominarse "ingresos contingentes" por $12 billones, que es en lo que se estima el producto de la reforma tributaria en el evento de que la apruebe el congreso.

Así se estaría respetando un principio general de la contabilidad pública y privada que distingue entre ingresos ciertos e ingresos contingentes. 

El impasse procedimental se solucionaría y la discusión del presupuesto podría continuar normalmente su marcha. Sin recurrir a la extravagante figura del decreto ejecutivo que a estas alturas del debate presupuestal no es más que una amenaza equivocada del gobierno.

Que los ingresos que produzca la Reforma Tributaria son "contingentes" (cuando ni siquiera ha comenzado su discusión y cuando se desconoce inclusive si la aprobará el congreso), es evidente.

El gobierno parece hacer de este asunto un "puntillo de honor" que resulta falso. Da la impresión que con su terquedad de modular el "monto" presupuestal, cree que al incluir los doce billones de la reforma tributaria en el monto indiscriminado del presupuesto aseguraría la aprobación de la reforma en el congreso. Nada más alejado de la realidad. 

Como están las cosas, la aprobación de una nueva Reforma Tributaria es altamente incierta. Y, por lo tanto, sus recaudos- a la fecha-son claramente "contingentes" pues dependen de un acuerdo que por el momento no se vislumbra entre Gobierno y Congreso.

No me refiero por el momento al punto que han señalado hasta la saciedad entidades serias de la academia como Anif, Fedesarrollo, o el Consejo Autónomo de la regla fiscal (Carf), todos los cuales coinciden en que el faltante del presupuesto del año entrante es mucho mayor que los $12 billones que se busca conseguir con la Reforma Tributaria. Hablan de un desfase de $30-40 billones en las cuentas presupuestales el año entrante. 

Este faltante - aún con Reforma Tributaria- aflorará a lo largo de la ejecución del presupuesto de la vigencia del 2025 cuando habrá que hacerle al presupuesto dolorosos recortes, como hubo que hacerle en 2024 que también estuvo inflado y al que le cayó un hachazo de $ 20 billones. Pero este ya es asunto de otro costal.

Pero la historia de los recortes se puede repetir en 2025 aún si hipotéticamente se aprueba una nueva reforma tributaria que, como lo hemos anotado, tampoco es seguro que la apruebe el congreso.

En síntesis: distinguir entre ingresos ciertos y contingentes para fijar el monto del presupuesto del año entrante puede ser la fórmula racional para solucionar en impasse que se ha presentado.

Basta aplicar el sentido común y las normas de la contabilidad, para desatascar el embrollo procedimental en que nos encontramos.

(*) Ex ministro de Hacienda, Minas y Energía y de Agricultura.