Primera Página – Agencia de Noticias – Bogotá.- La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) hizo una análisis de la situación que atraviesa la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de acuerdo a la situación de interinato de los comisionados. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), una pieza clave en la arquitectura regulatoria del país, se encuentra paralizada por la falta de comisionados nombrados en propiedad. La Creg se enfrenta a un problema operacional que no se había visto antes y que pone en riesgo a la institución y al sector. Durante alrededor de siete meses del 2023, la entidad se encontró sin quórum deliberativo, impidiendo la toma de decisiones necesarias en el ámbito energético del país. La Creg, como estipula el artículo 44 de la ley 2099 de 2021, modificatorio del artículo 21 de la ley 143 de 1994, debe estar integrada de la siguiente manera: 1) el ministro de Minas y Energía; 2) el ministro de Hacienda y Crédito Público; 3) el director del Departamento Nacional de Planeación y; 4) seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años. A pesar de la responsabilidad estipulada en la ley para que el presidente nombre a los expertos, la Creg ha superado casi un año funcionando con comisionados encargados. Actualmente, el director de la Creg, Omar Prías, es el único comisionado en propiedad. El Tribunal administrativo de Cundinamarca, en respuesta a la demanda de un ciudadano interesado, ordenó el pasado 25 de enero el nombramiento de comisionados en propiedad en cumplimiento de la Ley 2099 de 2021 con un plazo de 30 días tras la notificación de dicha sentencia. La ausencia de cinco de los seis expertos ha dejado a la entidad en una situación de inoperatividad. La falta de un equipo técnico que asuma las responsabilidades delegadas a la Creg para regular las actividades de los servicios de energía y gas genera una situación de inseguridad jurídica en el sector. La Procuraduría advirtió en los últimos días al gobierno por el retraso en los nombramientos y el impacto de la falta de comisionados en la toma de decisiones técnicas para el sector energético. La interinidad de la Creg está teniendo un efecto en la cantidad de resoluciones expedidas por la entidad. El gráfico 1 muestra una caída en las resoluciones de la Creg en los últimos dos años, en particular un bajo nivel en 2023, el menor de las últimas dos décadas. La calidad de un ente regulatorio no puede necesariamente medirse por el número de resoluciones, pero está claro que la ausencia de una mayoría calificada para deliberar está teniendo un efecto negativo en la operatividad de la institucionalidad. Desde Anif hacemos un llamado al Gobierno para que nombre los comisionados expertos de la Creg en propiedad en los próximos días, y que los nombramientos sean de personas idóneas y con las calificaciones necesarias. Si analizamos las resoluciones expedidas frente a las previstas en la agenda regulatoria anual, que es de carácter general y en donde se incluyen todos los proyectos de resolución planeados para el año siguiente, vemos como en el último año, en ninguno de los servicios se cumplió con la agenda propuesta, en particular en los temas relacionados con el sector de gas. Ahora que se necesitan análisis precisos y de carácter técnico para abordar temas tan complejos como los de tarifas de electricidad, se necesita la mejor versión de la Creg. La prioridad en este momento debe ser el nombramiento de comisionados expertos que ayuden a encausar muchas de las discusiones regulatorias. La coyuntura también debe servir para hacer una reflexión sobre el diseño institucional de la institución. La Creg se creó en 1994, después del apagón del país en 1992, con el propósito de crear un marco regulatorio que estableciera unas reglas de juego predecibles y amigables con la inversión, en la búsqueda de mercados robustos y eficientes, que permitiera atender de la mejor manera posible a los usuarios. El balance histórico de la entidad es favorable, pero la actual coyuntura muestra oportunidades de mejora en su diseño. Los Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza permiten hacer una comparación de las entidades regulatorias de Colombia frente a los otros países miembros de la Ocde. En algunas categorías Colombia está rezagada, lo que muestra que el país debe continuar mejorando el diseño y las prácticas regulatorias. Un aspecto por mejorar tiene que ver con el análisis de los efectos de la regulación. El indicador de Impacto Regulatorio mide si las políticas regulatorias consideran costos y beneficios a largon plazo, así como si estas se basan en evidencia. En este indicador para 2021, Colombia tiene un puntaje de 0,61, en una escala de cero a cuatro, siendo cuatro el máximo (Gráfico 3). En relación con el promedio de la Ocde, el país se encuentra 1,5 puntos porcentuales por debajo, lo que muestra las oportunidades de mejo