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Bogotá. La Plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto de Ley por medio del cual se establecen los objetivos, los lineamientos y se establecen las responsabilidades y las competencias específicas de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica para el país, o más conocida como la Ley contra el ruido.

 

La iniciativa tiene como finalidad definir los objetivos, los lineamientos y establecer las responsabilidades y competencias específicas de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica para el país. Asimismo, busca armonizar las diferentes disposiciones normativas sobre la contaminación acústica. 

El objetivo de la Política de la Calidad Acústica es garantizar el bienestar y sana convivencia de las personas y de los ecosistemas en un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido a través de estrategias, programas, proyectos, indicadores y la definición de un procedimiento para su evaluación.

Igualmente, los responsables de la formulación, implementación y evaluación de la política son el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este proceso deberán ser convocados el Ministerio de Vivienda y Territorio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda y el IDEAM.

En la formulación de Política de Calidad Acústica se construirá una línea base que revise la legislación aplicable a la gestión del ruido en materia de salud, ambiente y ordenamiento territorial, vivienda y construcción, educación y cultura, convivencia ciudadana y desarrollo económico, entre otros, con el objetivo de crear un solo cuerpo normativo que establezca un modelo de gobernanza nacional que pueda acompañar a los distritos y municipios para que articulen las diferentes autoridades competentes y así se elimine el traslape de competencias de manera que se garantice una gestión unificada e integral del ruido en todo el país.

La encuesta de Seguridad y Convivencia realizado por Cifras y Conceptos y Mininterior el 57% de los encuestados en el país se encuentran insatisfechos. 

En Bogotá 61%, en Medellín 48%, Cartagena 56%. 

La Policía dice qué el 70% de la conflictividad asociada a asuntos de convivencia está relacionada con el ruido en todos los estratos sociales. 

La principal causa de contaminación acústica es el tráfico vehicular y su infraestructura, seguida por el tráfico aéreo o ferroviario y, finalmente, las actividades relacionadas con industria, comercio y servicio.

Dice el legislador que el ruido es considerado como un contaminante del ambiente que se transmite por el aire y el cual es percibido, entre otros, por los humanos, quienes tienen la conciencia de reportar, por medio de la queja o reclamo, la perturbación que este genera pero en Colombia no hay una guía.